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El
pasado 6 de junio se publicó en el Comercio la columna “Doble dosis de
emergencia” firmada por José Ignacio Beteta.
El artículo de opinión pretende dar explicaciones sobre la situación de
la salud pública y de la ministra del sector pero encierra medias verdades, una
dosis de ignorancia y la peligrosa consecuencia de deslizar calumnias.
Antes
que nada quiero mencionar que no es mi propósito encubrir malas prácticas
clínicas ni avalar las perversiones de un sistema con un pobre control interno.
Considero que los mecanismos de auditoría y transparencia deben ser claros,
firmes y oportunos.
Para
Beteta la decadencia del sector salud está ligada a los errores del SIS pero
sobre todo al actuar de los médicos del servicio público, ensayando una
perversa generalización al decir que todos estamos inmersos en una corruptela y
un carrusel de prescripción de medicamentos con el afán de lucro a costa del Estado.
Asimismo aduce que no existen guías clínicas que encaucen nuestra terapia y que
en la elaboración del Petitorio Nacional de Medicamentos deben participar los
ciudadanos (el autor les llama contribuyentes) para asegurar la transparencia
de las decisiones.
Nada
más alejado de la verdad, que existan condenables casos de corrupción no nos
hace corruptos a todos los médicos. Las guías clínicas nacionales y locales
para cada hospital existen y a falta de ellas, en algunas enfermedades, los
médicos recurrimos a las internacionales. Además una guía es solo eso, una
guía, el diagnóstico y tratamiento de cada enfermo es una decisión
individualizada, el problema no es que no existan guías sino que los
medicamentos sugeridos por ellas no estén disponibles.
Por
otro lado, la elaboración de un Petitorio Nacional es un acto técnico que debe
ser realizado por peritos en el área, los cuales deben estar alejados de las
presiones y conflictos de interés tanto de la industria farmacéutica de
comportamiento poco ético como de las redes de corrupción enquistadas en los
procesos de compra. Siendo tal Petitorio un documento de Estado lo que sí sería
saludable es que antes de su aprobación pase por un proceso de revisión pública
para que incluso los ciudadanos, en forma individual o agrupados, expresen sus
opiniones y sugerencias.
La
supuesta “pepa” de Beteta no me disgusta, me da pena pues es una mezcla de desconocimiento
y conclusiones pobremente acabadas. El artículo no solo informa mal sino que
ofrece soluciones impracticables. Es cierto que en su condición de ciudadano Beteta
conserva su derecho a opinar pero eso no lo autoriza a generalizar el desempeño
profesional de los médicos del sector en afirmaciones que rozan la calumnia.
Uno
de los argumentos más pobres de Beteta es reducir el MINSA al SIS cuando solo
es una parte del sector. El SIS no cubre a todos los pacientes del ministerio
como no todo el MINSA es la salud pública, allí faltan EsSalud, las Fuerzas
Armadas y el sector privado, que valgan verdades es el menos regulado de todos.
El
sistema de salud ha cambiado mucho en los últimos diez años y les pese o no, el
SIS con todas sus inconsistencias y defectos ha logrado que un importante grupo
de peruanos accedan a una atención de calidad. La sociedad y el poder
adquisitivo ha cambiado, los pacientes están más informados, aunque eso no signifique
necesariamente mejor, sus demandas también han aumentado. Todo esto configura un
entorno complicado que urge de modificaciones para hacerlo más justo, más
accesible y ético en su conjunto.
El
problema planteado en el artículo “Doble dosis de emergencia” excedió las
limitaciones de su autor que al parecer lo ha visto como una relación comercial
cuando es más que eso, la salud es un derecho humano inalienable, la atención
de los enfermos un problema multidimensional. Lo que ha escrito Beteta requería
de un análisis informado e inteligente que lamentablemente, para el debate
sobre la reforma del sistema sanitario, no ha sido el caso.
